En Puerto Rico, Una Epidemia de Violencia Doméstica Se Esconde a Simple Vista

La noche antes de que fuera asesinada, Suliani Calderón Nieves condujo hasta la casa de su madre en Bayamón, Puerto Rico, para dejar allí a sus dos hijos. Suliani, una supervisora de un hospicio de 38 años, comenzaba a redescubrir su libertad tras un divorcio contencioso y se dirigía a un evento en el pueblo donde iba a declamar un poema que había escrito. Cuando estaba saliendo de la casa, su madre, Sonia Nieves, se tomó un momento para admirar el largo cabello negro de su hija, su característico lápiz labial rojo y su sonrisa radiante. “Te ves tan hermosa hoy”, le dijo su madre. “Yo sé que estoy bien buena”, respondió Suliani con picardía. 

Cuando Suliani regresó a recoger a sus hijos la noche del 17 de mayo del 2018, esa energía y ligereza había desaparecido. Su exesposo, José Vega Nieves, había llegado sin avisar cuando ella terminaba de leer su poema, una de las muchas veces que la acosaría tras su tumultuosa relación de 16 años. Enojada, Suliani peleó con él por mensajes de WhatsApp, pero su madre le aconsejó que se olvidara de eso y lo dejara pasar. En ese intercambio, Suliani lo amenazó con llamar a la policía.

Esa noche, después de regresar a su apartamento con sus hijos, Suliani se conectó a Facebook y publicó otro poema. “La vida te golpea, crees que aprendes la lección y vuelve a golpearte. Cuando el río de miseria sale de su cauce, jamás vuelve a su corriente. Las piedras son episodios dolientes, más si te acostumbras a su tropiezo, sólo permitirás más penas. Nadie es dueño de nuestra vida, y yo solo quiero vivirla”.

A la mañana siguiente, poco antes de las 8 a.m., Suliani salió de su apartamento con los niños. Manejando su carro hacia la calle frente a su complejo residencial, notó que tenía una goma vacía y comenzó a manejar de regreso al estacionamiento. Fue entonces cuando José apareció y la interceptó. Estaba acechándola en la calle, esperándola; la policía cree que le había pinchado los neumáticos. José, de 41 años, posicionó un Hyundai Accent gris alquilado junto al Toyota Yaris de Suliani, bloqueándole el paso de regreso al estacionamiento. Mientras ella llamaba desesperadamente a su hermano menor Jesús, su expareja sacó una pistola, rompió la ventanilla del conductor y le disparó varias veces. Suliani murió al instante. José tomó el arma, la apuntó a su cabeza y se suicidó. Sus hijos, de 10 y 13 años, lo presenciaron todo desde el asiento trasero.

Suliani Calderón Nieves murió en un año violento para las mujeres puertorriqueñas. Los asesinatos de parejas íntimas se dispararon en el 2018 tras el paso del huracán María, después de que las muertes relacionadas a violencia doméstica disminuyeran entre el 2014 y el 2017. Al menos 23 mujeres en esta Isla de 3.2 millones de personas fueron asesinadas por sus parejas actuales o exparejas en el 2018, lo que causó que la tasa de asesinatos de parejas íntimas se disparara a 1.7 por 100,000 mujeres, en comparación con 0.77 por cada 100,000 en el 2017. La tasa de homicidios de violencia doméstica en todos los Estados Unidos en el 2017 (el último año para el cual hay datos disponibles) fue también de 0.77 mujeres por 100,000, menos de la mitad de la tasa en Puerto Rico en el 2018. (Este análisis utilizó datos del censo para mujeres mayores de 18 años).

Los cuatro organismos del gobierno puertorriqueño que reportan sobre la violencia doméstica no han desarrollado un estándar unificado para cuantificar datos sobre este problema. Todos registran números independientes: la policía de la Isla, su rama judicial, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, una agencia estatal independiente que busca proteger y promover los derechos de las mujeres en la Isla. En el 2019, la policía dijo que el número de asesinatos por violencia doméstica reportados se redujo a 10. Pero es probable que los números sean mucho más altos. La Policía de Puerto Rico (PPR), en particular, tiene un historial de mal manejo de las estadísticas de violencia doméstica––entre el 2014 y el 2018, la agencia reportó un número mucho menor de asesinatos de mujeres, incluyendo los relacionados con violencia doméstica, subestimando las cifras entre 11 y 27 por ciento cada año, según un estudio sobre los feminicidios en la Isla.

Desde el 2018, activistas de organizaciones feministas como Colectiva Feminista en Construcción, Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria y Taller Salud, le han pedido al gobierno que declare un estado de emergencia por la crisis de violencia de género, lo que liberaría más fondos públicos para que las agencias gubernamentales prioricen el tema. La administración de la gobernadora Wanda Vázquez argumenta que este paso no es necesario.

Los puertorriqueños han enfrentado desastre tras desastre luego del paso de María, incluyendo terremotos devastadores y la pandemia de coronavirus. Estas crisis se han ido amontonando una sobre la otra, dándole una nueva urgencia a la manera en que la policía y los tribunales responden a la violencia doméstica, mientras cada día hay menos fondos para servicios para las víctimas. Al final, estos sucesos han resaltado cómo la respuesta insuficiente del gobierno sigue dejando vulnerables a las mujeres de la Isla.

Cuando las mujeres contactan a la policía, se enfrentan a un sinfín de problemas, desde respuestas tardías a sus llamadas al 911, hasta agentes de policía que no tienen la capacitación suficiente para manejar llamadas de violencia doméstica. Tanto activistas como sobrevivientes dicen que las órdenes de protección emitidas por los tribunales rara vez se cumplen, lo que hace que las sobrevivientes las vean sólo como un pedazo de papel.

La PPR también tiene su propio problema con la violencia de pareja. Entre el 2015 y el 2019, hubo 449 querellas de violencia doméstica contra agentes. En este período, sólo un juicio terminó en un veredicto de culpabilidad y condena. 

La recesión y la crisis financiera que la Isla ha sufrido por 16 años han causado que los albergues para mujeres maltratadas cierren o limiten sus servicios. Puerto Rico ha pasado de tener 13 albergues a sólo 9 en la última década. Hoy en día, no hay albergues que ofrezcan servicios a las víctimas en la parte sur de la Isla, lo cual significa que dependiendo del pueblo en el que vivan, tendrían que viajar hasta dos horas para acceder a este tipo de servicios.

El 15 de marzo, la gobernadora Vázquez estableció una cuarentena en toda la Isla y un toque de queda a partir de las 9 p.m. para frenar la propagación del coronavirus. En el mes siguiente, la policía registró casi 10% menos querellas de violencia doméstica que durante el mismo período en el 2019. Pero las autoridades creen que la tasa de casos podría estar de hecho aumentando. “La experiencia me dice que por las situaciones en las casas y por distintas razones, no está llegando la información de las víctimas de violencia doméstica a la policía”, le dijo la teniente Aymeé Alvarado, quien dirige la unidad de violencia doméstica de la PPR, al periódico local El Nuevo Día. A nivel nacional, en el resto de los Estados Unidos, los incidentes de violencia doméstica y los asesinatos de parejas íntimas han aumentado durante la pandemia.

El 4 de septiembre del 2019, la gobernadora Vázquez anunció que emitiría una alerta nacional que, en lugar de asignar fondos adicionales, instruye a las agencias públicas y a organizaciones privadas a tomar medidas proactivas contra la violencia de género. (Su oficina no respondió a múltiples solicitudes para una entrevista ni a una lista detallada de preguntas enviadas por correo electrónico). La administración creó un grupo de trabajo compuesto por funcionarios gubernamentales, organizaciones feministas, representantes religiosos, asociaciones cívicas y grupos que ofrecen servicios a las víctimas con el propósito de idear un plan para combatir la creciente violencia tras el huracán María. Nueve meses después, en medio de una deteriorada situación de seguridad debido a los toques de queda por el coronavirus, no se ha hecho público ningún borrador de este plan. Una mujer que asistió a las reuniones del grupo de trabajo dijo que los esfuerzos no parecen ser serios. Una sugerencia, por ejemplo, era crear una campaña educativa contra el reggaetón. “Esto es un asunto de vida o muerte”, dijo.

En una tarde reciente, mientras afuera el cielo se tornaba gris, un presagio de los aguaceros que caen en la Isla en primavera, Sonia Nieves se sentó en su sala, rodeada de ángeles de porcelana. En las paredes no hay fotos de su hija. Donde quería colgar un retrato familiar que tomaron en su último Día de la Madre juntas ahora hay una foto de un atardecer. Sonia dice que sigue siendo demasiado doloroso ver la cara de su hija mayor dos años después de su muerte.

Suliani Calderón Nieves nació el 15 de septiembre de 1979, la primera de tres hermanos. Una niña independiente, creció para convertirse en una mujer bohemia que amaba la salsa de la vieja escuela y bebía vino barato cuando escribía poesía. Pasó casi la mitad de su vida con el hombre que eventualmente la mataría, según entrevistas con su madre Sonia y su hermano Jesús. La pareja se conoció cuando Suliani estaba en el último año de escuela superior en 1997, pero no empezaron a salir hasta el 2001. Alrededor de este tiempo, sus padres se divorciaron y ella abandonó la universidad para trabajar y mantener a la familia. En el 2004, la pareja tuvo su primer hijo, un niño.

A Sonia no le gustaba cómo José Vega Nieves trataba a su hija en público, a menudo burlándose de su inteligencia y su apariencia. No era difícil imaginar lo que podía decirle a puerta cerrada. También era cruel de otras maneras: cuando Suliani se enteró que estaba embarazada, planeó contarle a José frente a su familia y compró unas botitas de bebé para dárselos a él de sorpresa. Según su madre, la respuesta de José, frente a todos, fue: “Cuando te crezca la barriga, te creo”.

El hermano de Suliani, Jesús, cree que el abuso psicológico y emocional que ella sufrió nunca se convirtió en violencia física, pero nunca podrán estar seguros. En el 2005, la situación se volvió insostenible. Jesús la ayudó a irse de su casa como un ladrón en la noche. Pero la separación no duró mucho––a las víctimas de violencia doméstica les puede tomar un promedio de siete intentos para dejar a su abusador. Suliani pronto quedaría embarazada de su segundo hijo, una niña, y la pareja se casó. Nadie en su familia asistió a la boda en protesta. 

Sonia cree que después de que nació su nieta, el abuso psicológico y emocional disminuyó durante algunos años. Pero en algún momento a finales del 2016, Suliani decidió terminar la relación. Llegó a la casa de su madre con sus dos hijos y sus maletas. Después de acomodar a los niños, se escondió en el cuarto de su madre. Sonia le preguntó si tenía miedo; Suliani dijo que sí. José siguió llamándola y amenazándola, así que Sonia llamó a la policía. Dos agentes llegaron a la casa, pero a pesar de sus amenazas, José nunca apareció. Sin embargo, la separación sólo duró una semana hasta que reanudaron su relación.

Luego ocurrió el “secuestro”. Según Sonia, José le quitó el celular a Suliani, borró todas sus cuentas de redes sociales y le prohibió usar su carro, insistiendo que él la llevaría a todas partes. La única forma en que Suliani podía comunicarse con su familia era usando el teléfono en el trabajo. Tanto Sonia como Jesús le rogaron que dejara a su esposo de una vez por todas.

El último intento de acabar la relación ocurrió en el verano del 2017. Suliani le pidió a su hermano Jesús que la ayudara a escapar nuevamente. Empacaron todo de prisa y salieron de la casa que la pareja había compartido durante más de una década. Jesús escondió las armas de fuego de José, que poseía legalmente gracias a su trabajo como guardia de seguridad. La pareja se divorció y poco después Suliani solicitó una orden de protección contra su expareja por acoso y hostigamiento. Por un tiempo, José se mantuvo alejado de ella y de los niños. Pero la orden expiró en diciembre del 2017, tres meses después de que el huracán María dejara a la Isla en caos. Suliani se presentó a una vista en el tribunal sin un abogado, pensando que no sería gran cosa. Pero el juez rechazó su petición para renovar la orden.

“Jesús, me jodí”, le dijo a su hermano llorando después de la vista.

Recibir ayuda en un lugar machista como Puerto Rico ha sido históricamente difícil para las víctimas. Los legisladores de derecha y los grupos religiosos tienen una enorme influencia en la sociedad puertorriqueña. Presionan constantemente para que los roles de género sean rígidos, lo que en parte ha provocado que la violencia machista siga siendo un tema tabú hasta hoy en día. No es raro escuchar a miembros de estos grupos decir que las mujeres mienten sobre el abuso para castigar a sus exparejas, o que es culpa de la víctima por no elegir a la pareja adecuada, o que estos problemas deben manejarse dentro de la familia, restándole importancia a la violencia doméstica como una cuestión de salud pública.

La policía tiene un historial muy irregular a la hora de manejar casos de violencia de género y violencia sexual. “La Policía de Puerto Rico en el rol que actúa es en el rol de un machista”, dijo Sonia Nieves. “No saben por qué una víctima está atrapada en ese ciclo”. Una investigación en junio del 2012 realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de la Isla descubrió que la policía le estaba fallando de manera sistémica a las víctimas de violencia doméstica. Esas fallas comenzaban desde arriba––en el 2011, el exsuperintendente de la policía Emilio Díaz Colón dijo en su vista de confirmación que la violencia de pareja no estaba bajo la jurisdicción del departamento. La ACLU descubrió que la PPR falló en iniciar investigaciones sobre querellas de violencia doméstica, reforzar órdenes de protección, arrestar a presuntos abusadores, coordinar con fiscales, educar a las víctimas sobre sus opciones legales y abarcar las querellas de violencia doméstica dentro del departamento.

Los hallazgos de la organización fueron respaldados por una amplia demanda federal de derechos civiles presentada contra la PPR por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre del 2012. La demanda acusó a la PPR de uso excesivo de fuerza, incautaciones inconstitucionales, prácticas discriminatorias y de no atender casos de violencia de pareja y violencia sexual. La demanda se resolvió mediante un acuerdo en julio del 2013, cuando el gobierno acordó reformar el departamento y revisar muchas de sus políticas.

ACLU Puerto Rico dice que muchos de los problemas reportados en su informe del 2012 siguen presentes hoy. Como parte de la reforma, se le pidió a la policía adoptar un enfoque centrado en las víctimas para responder a las llamadas de violencia doméstica, actualizar sus protocolos para casos que involucran a civiles y para casos dentro de la policía, y recopilar adecuadamente las estadísticas sobre la violencia doméstica. “Nuestra experiencia es que, aún cuando existen esos protocolos y hay un acuerdo que ordena que se hagan estos cambios, en teoría, no se están cumpliendo”, dijo Johanna Pinette, abogada asociada de ACLU Puerto Rico.

Más de una docena de activistas, sobrevivientes y familiares de las víctimas reforzaron la afirmación de Pinette: la policía a menudo no puede reconocer los signos de violencia por parte de una pareja y regularmente maneja mal estas querellas. La coalición Coordinadora Paz para la Mujer ayuda a desarrollar nuevos talleres sobre violencia doméstica para cadetes de la PPR, pero su directora ejecutiva, Vilma González, dijo que los entrenamientos no son suficientes. Tan pronto como los cadetes ingresan a la academia, los currículos deben incluir perspectiva de género, dijo González, y se debe exigir a los agentes activos que tomen clases de educación continua. “No es como que puedas tomar un taller de ocho horas y de repente eres un experto en violencia de género”, dijo González.

El proceso de investigación de estos incidentes es también defectuoso, dijo Pinette. Si la víctima es indocumentada, la policía pregunta por su estado migratorio, aunque no es un requisito y podría intimidarla a guardar silencio, agregó. Las organizaciones que ofrecen albergue y otros servicios a las víctimas también dicen que a sus clientes se les informa que deben reportar un incidente violento en el cuartel del área donde este ocurrió. Pero por ley, la violencia doméstica se puede denunciar en cualquier cuartel de cualquier distrito. Aún en el caso de que las víctimas lleguen hasta la etapa de investigación, la forma en que se realizan las entrevistas puede ser traumática, ya que a menudo se les hace sentir a las sobrevivientes como si ellas hubieran cometido un delito. “Todavía tenemos casos en los que los policías no prestan la atención adecuada a las víctimas”, dijo Vilmarie Rivera, presidenta de la coalición de albergues Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico. Ponerse en contacto con la policía es el “primer punto de entrada al sistema. Pero las víctimas piensan: ‘Le conté mi historia a un oficial y no me cree, entonces, ¿qué va a pasar si debo aparecer ante un juez? Tampoco me van a creer’”.

Otro problema que sobresale en las investigaciones de la ACLU y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es la gran cantidad de abusadores dentro de la propia policía, y cómo han estado protegidos. En los últimos años, varios agentes han matado a sus parejas o exparejas. Nuestra investigación encontró que hubo al menos 449 querellas de violencia doméstica presentadas contra agentes de la policía (414 hombres, 35 mujeres) entre el 2015 y el 2019. Un poco más de la mitad de las querellas, 242, terminaron en arrestos––225 agentes hombres y 17 mujeres. De todas estas querellas durante esos cinco años, sólo un oficial hombre fue a juicio y fue condenado en el 2018. Estos hallazgos se basan en informes semestrales que se supone que la policía debe compartir públicamente como parte de la reforma, aunque los reportes sobre estos incidentes han sido fragmentados e inconsistentes a lo largo de los años y parece que la información está incompleta.

“La visión del Estado es que hay dos o tres manzanas podridas dentro de la Policía, pero no es un problema de la institución como tal”, dijo Zoán Dávila, abogada y miembro de Colectiva Feminista en Construcción. Pero en realidad hay “cientos de querellas contra policías que han agredido a sus parejas y, dentro de los casos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, hay varios casos que son de parte de miembros de la policía, incluso algunos de ellos se han suicidado”.

“La policía no está equipada”, dijo Ada Álvarez Conde, activista en contra de la violencia de género y candidata al Senado estatal. “El remedio legal existe. Pero si las personas que se supone deben ejecutarla no están capacitadas, no tienen ninguna sensibilidad y no ven este problema como una prioridad, no va a pasar nada”.

Cuando la policía no maneja la violencia doméstica con la misma urgencia e interés que otros delitos violentos, puede poner a las víctimas en un peligro aún mayor.

La noche en que M finalmente terminó su relación, su agresor había llegado a la casa drogado por cocaína e intentó violarla dos veces. Cuando él se fue, ella llamó al 911. (No estamos compartiendo los detalles sobre la identidad y ubicación de M por su seguridad). Los agentes de la policía que respondieron a su llamada la ayudaron a salir de su casa de forma segura, pero no iniciaron el protocolo de violencia doméstica. La investigación interna realizada por la policía sostiene que M no reportó violencia doméstica a los agentes, por lo que no se inició el protocolo––un reclamo que ella disputa.

El protocolo de la PPR sobre cómo investigar incidentes de violencia doméstica describe lo que los agentes deben hacer: trasladar a la víctima a un área segura; entrevistarla a ella y a cualquier testigo; llamar a otros agentes para procesar la escena y recopilar cualquier evidencia física; arrestar al abusador acusado en la escena o emitir una alerta de “intento de localización”; completar un reporte del incidente y explicarle a las víctimas qué sigue en el proceso. El reporte del 2012 de la ACLU encontró que cuando entra una llamada de violencia doméstica, el protocolo a menudo no es iniciado por los oficiales. Johanna Pinette dice que el problema continúa. Como en el caso de M, las consecuencias pueden ser devastadoras.

M fue al tribunal al día siguiente para buscar una orden de protección. Ella pensó que habría un registro para comprobar que su llamada estaba vinculada a violencia doméstica y así poder respaldar la solicitud de orden de protección; incluso si la policía no la hubiera llevado al cuartel esa noche. Pero la paralegal le dijo que no había tal registro; la policía simplemente había anotado el incidente como una disputa doméstica. Los oficiales afirmaron que M pidió ayuda para salir de la casa, pero no mencionaron que ella les dijo del intento de violación y el abuso anterior. Una investigación interna de la PPR encontró que los oficiales actuaron de manera correcta.

Sin embargo, M pudo obtener una orden de protección temporal. Después de varias vistas, un juez le otorgó una orden permanente que duraría un año. Pero pronto M supo que la orden de protección no le garantizaba su seguridad. Unos meses después de haber dejado a su agresor, M se estaba secando el pelo cuando lo vio por la ventana manejando lentamente frente a su casa, una y otra vez. Aunque no podía ver el interior, conocía la marca y el modelo del carro de su expareja. “Nadie más en nuestro pueblo tiene ese carro”, dijo. M entró en pánico y llamó al 911.

La policía tardó casi 40 minutos en llegar. Cuando llamaron a la puerta de M, su abusador ya se había ido y ella había terminado de secarse el pelo. Hasta el día de hoy, M cree que esa tardanza podría haberle dado suficiente tiempo a su agresor para matarla si así hubiera querido.

La orden de protección le prohibía a su ex acercarse a ella o contactarla de alguna manera. Pero los oficiales le dijeron que técnicamente ella no había visto al conductor, así que no tenía forma de demostrar que ese era su agresor. Por lo tanto, no pudieron llevarlo al cuartel para interrogarlo. Ella le dijo a los policías que su expareja había violado la orden de protección una y otra vez, llamándola desde números bloqueados, enviándole mensajes de texto de números temporales, enviándole mensajes a través de los teléfonos de otras personas. La policía le dijo que no se podía hacer nada.

“El sistema es una mierda”, dijo ella. Agregó: “Hasta el día de hoy, tengo perse. Yo no quiero que mi vida dependa de todo lo que él hace o deja de hacer”.

El día antes de nuestra entrevista, su agresor la contactó. La orden de protección en su contra había expirado hacía mucho tiempo. Ella decidió no renovarla porque la veía como un pedazo de papel sin valor. M ignoró su mensaje.

El cuartel general del Departamento de la Policía de Puerto Rico se encuentra en un rascacielos intimidante al lado de la Plaza las Américas, el centro comercial más grande del Caribe, al frente del Coliseo Roberto Clemente en San Juan. El sargento Juan Arce Pérez, quien ha dirigido la Unidad de Violencia Doméstica de la PPR en el distrito de Bayamón durante los últimos cinco años, es un policía veterano, simpático, que nos condujo por un laberinto de pasillos hasta que llegamos al piso donde se encuentra el departamento de Investigaciones Criminales (CIC). Como parte de la reestructuración presentada por la reforma aprobada entre la PPR y el Departamento de Justicia federal, las Unidades de Violencia Doméstica operan bajo el CIC. Arce Pérez era muy conversador y nos ofreció una paleta tan pronto como nos sentamos en una sala de conferencias grande y fría para la entrevista. Él hace esto del dulce con todo el mundo, dijo.

A pesar de las críticas que muchos tienen sobre cómo la policía maneja los casos de violencia de pareja, está claro que Arce Pérez es un verdadero creyente. “El sistema funciona, el sistema sirve. Cuando digo el sistema digo la policía y todos [los que se ocupan de este tema]. Para eso están y por eso existen”, dijo. “ Y aunque queremos ayudar, quien se quiere ayudar primero es la misma víctima. Estamos ahí para hacerlo. Yo creo que cuando llaman a la policía ese es el primer paso que [dan] para buscar ayuda”.

Que la policía no inicie el protocolo de violencia doméstica es un tipo de falla que el Departamento de Justicia federal le ordenó a la agencia que arreglara tras demandar hace seis años. El proceso de reforma, que se proyecta que tomará 10 años y múltiples millones de dólares, ha sido irregular. El monitor de la policía Arnaldo Claudio fue designado por un tribunal federal para supervisar la reforma en junio del 2014, pero renunció en el 2019 y dijo que había perdido la confianza en el proceso. Claudio fue reemplazado por John Romero, quien recientemente emitió un informe estelar del progreso de la agencia, su primero desde que asumió el papel de monitor. Dijo que las diversas capacitaciones que el departamento ha llevado a cabo en los últimos años han funcionado y los agentes están cumpliendo varias de las solicitudes de la reforma en los procedimientos, el uso de la fuerza y la información tecnológica. No había mención de cómo el departamento maneja los casos de violencia de género.

Puerto Rico enfrenta otra crisis urgente que ha afectado la capacidad de la policía para hacer su trabajo. En el 2015, el gobierno anunció que tenía una deuda de $72 mil millones que no podía pagar. El presidente Barack Obama y el congreso controlado por los republicanos crearon la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) en el 2016 para administrar la deuda. La legIslación estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, mejor conocida como La Junta de Control Fiscal, compuesta por siete miembros no electos nombrados por el presidente de EE.UU. que efectivamente controlan las finanzas de Puerto Rico hasta que se pague la deuda.

La junta redujo el presupuesto de la PPR y ha propuesto medidas como recortar las pensiones de los empleados públicos, incluyendo la PPR. Como resultado, cientos de agentes renunciaron para perseguir mejores oportunidades en el sector privado, culpando la paga y el sistema de jubilación. En total, la PPR pasó de 22,000 agentes a 12,000 entre 2010 y 2017. Luego, más de 1,700 oficiales dejaron la fuerza solo en el 2018 y 2019, a pesar de un aumento salarial. Estos recortes han afectado la capacidad de la PPR para funcionar adecuadamente, incluyendo en el área de la violencia de pareja. “Estas políticas de austeridad inciden en el problema de la violencia de género y lo empeoran. No hay suficiente personal para atender las querellas”, dijo Dávila, de Colectiva Feminista en Construcción. 

Según el sargento Arce Pérez, cada uno de los 13 distritos de la PPR tiene oficiales especializados en violencia doméstica. Sin embargo, no fue capaz de decir sin consultar los datos cuántos agentes sirven en cada distrito. También dijo que la PPR está consciente de cómo los roles de género pueden ser más rígidos en las zonas rurales y de bajos ingresos en la Isla, lo que hace que sea más difícil para las víctimas buscar ayuda.

Durante nuestra conversación, Arce Pérez siguió expresando su confianza en los protocolos de violencia doméstica y dijo que el Departamento de la Policía cumple cuidadosamente su papel en cada paso del camino, desde la llamada inicial al 911 hasta encarcelar a un agresor. También argumentó que cualquier crítica en el informe de la ACLU del 2012 y en la demanda del DOJ ya ha sido solucionada, incluso cuando se le presentaron las preocupaciones de las activistas.

“Nuestra política es establecer los elementos de delito, poner bajo arresto al ofensor e investigar para tratar de rescatar a esa persona de ese ambiente que está ahí de peligro”, dijo. Arce Pérez no respondió a preguntas sobre casos como el de M o de otras sobrevivientes. Dijo que sin conocer los detalles de primera mano le era imposible decir si algo salió mal.

De los oficiales de la policía que han sido acusados ​​de violencia doméstica, Arce Pérez dijo que el departamento tiene una política de “cero tolerancia”. Los agentes deben entregar su arma inmediatamente después de que se presenta una denuncia y los casos son llevados frente a un fiscal.

Está claro que a Arce Pérez le importa el tema. No se parece en nada al ex superintendente de la policía Díaz Colón, quien argumentó en su vista de confirmación que otras agencias eran las responsables de lidiar con la violencia de pareja. Arce Pérez ve este tema como una cuestión de salud pública. “Una muerte nada más es lamentable”, dijo.

Pero las activistas dicen que estos cambios no reflejan la realidad en el día a día. “¿De qué me sirve a mí un protocolo si las personas que deben ponerlos en práctica no los conocen?”, dijo Vilma González de Coordinadora. “¿O no los ponen en práctica cuando las personas buscan estos servicios? ¿O si no hay consecuencias para quienes no los ponen en práctica?”

Esto último le causa rabia a sobrevivientes como M. Una de las razones por las que ella no quiso revelar su identidad en esta historia es porque teme represalias de parte de la policía. Ella todavía los culpa porque su agresor está en la libre comunidad. Pero después de gastar mucho tiempo y dinero en su caso criminal y en manejar este trauma, M está siguiendo adelante, agradecida de estar viva.

Suliani Calderón Nieves confió en el sistema judicial. A pesar del abuso emocional y las amenazas que sufrió, nunca denunció a su exmarido directamente a la policía. Una denuncia de violencia doméstica no es necesaria para obtener una orden de protección, porque tales órdenes son herramientas de los tribunales civiles, según la ley. Violar una orden de protección, sin embargo, sí es un asunto criminal. “Si un agresor viola una orden de protección, eso es un delito grave. Y a esa persona hay que arrestarla”, dijo Dávila de Colectiva Feminista. 

Suliani buscó una orden de protección contra su exesposo en el verano del 2017 por acecho. Según su familia, José Vega Nieves aparecía constantemente en su trabajo y en su casa en los meses tras su separación. Un juez emitió la orden de protección, pero la solicitud de renovación de Suliani fue denegada en diciembre del 2017.

Una de las cosas que hoy enojan a Sonia, la madre de Suliani, es que las armas de fuego de José no fueron confiscadas permanentemente. La ley solo permite que eso suceda cuando la orden de protección está en vigencia o un agresor es declarado culpable de violar esa orden. Al denegarle la orden de protección permanente a Suliani, ya no había ninguna razón legal para quitarle las armas a José. Las pistolas eran una de las razones principales por las que Suliani tenía miedo en los meses antes de que fuese asesinada. Aunque ya estaban divorciados, José seguía tratando de volver con ella. “Él no podía aguantar que mi hermana lo dejara”, dijo su hermano Jesús. “Era un demonio”. Cuando Sonia le preguntó a Suliani si temía por su vida, ella dijo que sí.

Aún así, el sistema judicial de Puerto Rico ha tomado medidas proactivas para atender la violencia doméstica. En el 2007, un programa piloto creó las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica (SEVD) en la región judicial de San Juan. Las SEVD entraron en acción oficialmente en el 2010 y manejan todos los procedimientos penales relacionados con la violencia de pareja. Estas salas fueron inspiradas en los tribunales de violencia doméstica en los Estados Unidos, los cuales han crecido en los últimos 25 años. El objetivo de las SEVD es proporcionar un espacio seguro para las víctimas mientras se escuchan sus casos. Estos proveen personal capacitado para manejar casos de violencia de pareja, como jueces y empleados del tribunal, que pueden ayudar a prevenir la revictimización. Otras características incluyen mantener a los agresores acusados ​​en un cuarto separado de las víctimas, ofrecer cuidado infantil, permitir que los testigos testifiquen a través de un circuito cerrado y referir a las víctimas a una amplia gama de servicios como ayuda psicológica, albergue de emergencia y representación legal. Hoy, hay SEVDs en siete tribunales de la Isla. En general, el programa alcanza cerca del 83% de la población de Puerto Rico. En Utuado hay una Sala Especializada en Casos de Violencia de Género, que maneja casos criminales de violencia doméstica y agresión sexual, la primera de su especie en todos los Estados Unidos. (Dos regiones judiciales, Aguadilla y Guayama, no son parte de la iniciativa en este momento, pero cuentan con personal especializado en el lugar para ayudar a las víctimas a navegar el sistema judicial).

Pero hasta hoy, casi no ha habido estudios que analicen el impacto de las SEVD y hay pocos datos sobre qué tan exitosas han sido. Las activistas siguen viendo su efectividad con escepticismo. “Sabemos que muchas veces cuando las mujeres van al tribunal a denunciar, cuando llaman a la policía o cuando se presentan en un hospital, no reciben los servicios de la forma que se supone los deben recibir”, dijo Vilma González de Coordinadora. Johanna Pinette de ACLU está de acuerdo. “Los tribunales, independientemente de cuál sea tu caso, son sitios hostiles y fríos”, dijo. Ella sugirió que los jueces podrían tener los mismos prejuicios y sesgos hacia la violencia de pareja que tiene la sociedad puertorriqueña en general. “Hay jueces que no son tan buenos. Deberían ser entes imparciales, pero siempre tendrán fallas”, dijo.

Por años, Coordinadora y otros grupos de derechos de las mujeres han exigido una mayor supervisión de la PPR y de los tribunales, con el objetivo de mejorar los servicios ofrecidos a las víctimas. Una ley del 2001 creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, una agencia estatal independiente que permite que se analicen estos casos a través del lente de los derechos de las mujeres. Pero la persona a cargo de esta oficina ha sido acusada de priorizar el partidismo sobre la autonomía de la oficina.

En la mañana del 18 de mayo del 2018, la abogada Lersy Boria conducía por una carretera en Bayamón con su hijo en el asiento trasero cuando el Toyota Yaris frente a ella se detuvo. Vio a un hombre salir de su auto, gritarle a la mujer que conducía frente a Boria y sacar un arma de fuego. Oyó disparos. Boria fue la única testigo del asesinato de Suliani Calderón Nieves. Ella dice que este acto escalofriante fue su motivación para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; fue nombrada a este cargo por el gobernador Ricardo Rosselló en julio del 2018. Boria es más joven que sus predecesoras (tenía solo 38 años cuando se convirtió en la procuradora) y su currículum antes de su nombramiento tenía poco que ver con los derechos de la mujer. Pero presenciar el asesinato de Suliani la distingue de otros funcionarios públicos; ella ha visto las consecuencias de la violencia de pareja de cerca.

“El problema de violencia doméstica en Puerto Rico es un problema multifactorial y multisectorial. Desde que yo ocupé la silla de procuradora, pues cuando me topo con todo lo que tengo que trabajar, hay que trabajar el aspecto de educación, el aspecto de fiscalización y el aspecto de rehabilitación”, dijo.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue creada intencionalmente como una agencia estatal independiente con amplios poderes para proteger y promover los derechos de la mujer en Puerto Rico, una oficina que puede trabajar junto con el gobierno, pero cuya líder no sigue órdenes de quien esté en el poder. Algunas de las responsabilidades de Boria descritas en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres incluyen investigar la violación de los derechos de la mujer, sopesar la creación de políticas públicas, fiscalizar si dichas medidas se están implementando adecuadamente y emitir multas administrativas a las agencias gubernamentales que las violen, incluyendo a la policía. Atender la crisis de violencia de género en la Isla también es uno de los deberes explícitos de la oficina, según la ley.

En sus casi dos años en el cargo, Boria ha avanzado medidas destinadas a ayudar a las víctimas de la violencia de pareja. Su oficina cuenta con mediadores certificados que apoyan a las víctimas al navegar el sistema legal. A las activistas les preocupaba que la mayoría de los programas de rehabilitación para agresores en la Isla no tuvieran licencia, y Boria también trató de resolver ese problema. Crear legislación es otra área en la que Boria usa el peso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ella luchó por un proyecto de ley que establece 15 días de licencia no remunerada para sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, una medida que fue aprobada como ley por el gobernador Rosselló antes de que renunciara a su cargo el verano pasado. También apoyó un proyecto de ley reciente para crear un número de emergencia para las víctimas de violencia doméstica.

Pero Boria también se ha mantenido al margen de algunos debates vitales, según sus críticos. Se mantuvo públicamente en silencio sobre una ley aprobada por la gobernadora Vázquez en diciembre del 2019, que le permite a las sobrevivientes de violencia doméstica recibir una licencia para armas de fuego de manera más ágil si tienen una orden de protección. Las defensoras de los derechos de la mujer y las organizaciones de servicios para las víctimas dicen que no se les consultó al redactar la ley, y se han opuesto a ella desde entonces. Creen que Boria también debería haberlo hecho. “Armar a las mujeres en vez de ponerlas en una situación de más seguridad las pone en una más insegura”, dijo Vilma González, de la Coordinadora Paz para la Mujer. Los estudios han encontrado que las tasas de posesión de armas están particularmente vinculadas a los homicidios de parte de parejas íntimas en los Estados Unidos. La mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas son asesinadas a tiros, y estos asesinatos vinculados a armas aumentaron 26 por ciento entre el 2010 y el 2017. Poseer una pistola plantea un desafío para las víctimas que desean ser alojadas en un albergue. “Ahora tenemos que establecer nuevos protocolos [de seguridad] sobre cómo manejar esto si vienen” a un refugio, dijo Vilmarie Rivera de Red de Albergues. “Estas medidas se podrán hacer con buena intención, pero operacionalmente no funcionan”. 

Sus críticos argumentan que cuando Boria decide pronunciarse sobre proyectos de ley u otras medidas, se enfoca demasiado en el incrementalismo, sin estar dispuesta a responsabilizar a la administración de Rosselló, quien la designó a su cargo, o la de su sucesora, la gobernadora Vázquez. A finales del 2018, Boria dijo que no podía imponer una multa a la policía por haberle lanzado gas pimienta a mujeres manifestándose en una protesta contra la violencia de género que duró todo un fin de semana, a pesar de que estaba dentro de su poder. Esta decisión fue vista como un apoyo para la administración de Rosselló.

“Ella no es una empleada del gobierno. La ley que crea esa oficina le provee a ella una independencia, precisamente porque el rol de la procuradora de las mujeres es fiscalizar que el gobierno esté implementando esas políticas públicas para erradicar la violencia de género”, dijo Zoán Dávila, de Colectiva Feminista en Construcción. “La procuradora de las mujeres no puede estar del lado del Estado, defendiendo la gestión que está haciendo para atender este problema. La procuradora tiene que investigar por qué se están dando esas fallas, quién es responsable y cómo se pueden resolver. Eso no es lo que ella ha hecho”.

También hay otros grupos afectados. Rivera, de Red de Albergues, cree que hay una desconexión entre las necesidades de las víctimas y los esfuerzos a los que se le ha dado prioridad en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Los albergues, en particular, son programas costosos (refugiar a una víctima con tres hijos cuesta alrededor de $7,500 al mes) y se han visto muy afectados por las medidas de austeridad implementadas a raíz de la crisis fiscal de la Isla. No está claro si Boria ha abogado en nombre de los albergues a lo largo de su mandato.

La Oficina de la Procuradora de la Mujeres administra específicamente los fondos de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), los cuales los albergues pueden recibir. Pero tienen que competir por estos fondos contra otras iniciativas, incluyendo programas de capacitación sobre violencia doméstica para la policía e iniciativas contra la violencia sexual, entre otros. “Cada día los fondos están más limitados y cada día es menos lo que recibimos para brindar nuestros servicios”, dijo Rivera, y agregó que lo mismo está ocurriendo con sus otras fuentes importantes de fondos gubernamentales: la legislatura estatal, la Administración de Familias y Niños y el Departamento de Justicia de Puerto Rico. “Irónicamente, somos el único mecanismo que ha demostrado 100 por ciento de efectividad en nuestro trabajo. A las mujeres no las matan en los albergues, porque nosotros contamos con unos protocolos de seguridad que nos permiten garantizar que las víctimas estén protegidas”. 

Boria rechazó en gran medida las quejas sobre su desempeño, y dijo que los diferentes sectores deberían luchar por estar más unidos si quieren poner fin a la violencia contra las mujeres. “Todos vamos hacia el mismo fin. Y no nos debemos concentrar en el murmullo. Tenemos que trabajar con un plan estratégico, unirnos—ya no seguir trabajando segregados ni con protagonismos”, dijo. “Aquí lo importante es que todos nos unamos, que todas establezcamos las mejores políticas.”

Las organizaciones de derechos de la mujer sienten que Boria no las apoya justo en el área donde dicen que su apoyo sí puede hacer una diferencia: exigir al gobierno que declare un estado de emergencia por la violencia de género. En cambio, Boria apoyó a la gobernadora Vázquez cuando emitió una alerta nacional en setiembre pasado. Desde entonces, ha participado en las reuniones del grupo de trabajo que el gobierno estableció en el otoño del 2019 para abordar el problema de la violencia doméstica en Puerto Rico.

En diciembre, cuatro organizaciones feministas, el Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), Colectiva Feminista en Construcción, Taller Salud y Proyecto Matria, dijeron que no iban a continuar participando en el grupo de trabajo. Dávila, de Colectiva, dijo que se unieron a la mesa dispuestas a trabajar con la administración de Vázquez. En las primeras reuniones del grupo de trabajo vieron el borrador propuesto por el gobierno y se les permitió hacer sugerencias.

“Era muy general”, dijo. “En ninguna parte del borrador había un reconocimiento de las fallas del sistema. No era un plan concreto”. En diciembre, recibieron una versión actualizada que no reconocía ninguna de las enmiendas que el grupo había hecho. “Todas decían, ‘esta porquería’”, dijo Dávila. Colectiva abandonó el grupo de trabajo pues sus miembros sentían que era una farsa. 

Las miembros restantes del grupo de trabajo continúan en esa labor, según reportes mediáticos. La gobernadora Vázquez dijo a principios de marzo que la versión final del plan de trabajo se publicaría “en unas semanas”, justo cuando la pandemia de coronavirus arrasó con la Isla. Aún no lo han publicado.

Sonia Nieves, que todavía está sufriendo por la muerte de su hija, cree la indecisión del gobierno para abarcar la crisis de violencia de género tiene consecuencias mortales. “Si una de las hijas de la gobernadora hubiera sido víctima de violencia de género, yo estoy segura que ella ya hubiese establecido el estado de emergencia”, dijo.

La mañana en que asesinaron a su hija, Nieves recibió una llamada del cuartel preguntándole si podía venir a recoger a sus nietos. ‘Le dio una pela’, pensó. La hermana menor de Suliani, Lourdes, agarró el teléfono mientras Sonia corría a su cuarto para vestirse. Ella tuvo la presencia mental para preguntar si su hermana estaba viva. La agente en la línea le dijo: “No puedo darle esa información”. En ese momento ella supo la verdad. Cuando Sonia bajó, se sentaron a esperar al entonces novio de Lourdes, quien las llevaría al cuartel. Cuando él llegó, Lourdes le dio la noticia a Sonia: “Suli ya no está con nosotros”.

Han pasado dos años desde que la familia perdió a Suliani Calderón Nieves. En ese periodo de tiempo, al menos 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Yomaira Hernández Martínez, de 13 años, fue quemada viva por su novio de 19 años. Según reportes mediáticos, Moesha Hiraldo Maldonado, de 18 años, fue asesinada a tiros por su pareja, pero nunca se presentaron cargos contra él. Thyntia M. Cruz Vélez, de 27 años, fue degollada por su exnovio. Annette García Arroyo, de 31 años, fue apuñalada por su esposo. A Yolanda González Muñoz, de 49 años, su exposo le disparó en la cabeza mientras ella estaba en la sala de espera de su psicólogo. A Ana María Morris Colón, de 60 años, su ex esposo la mató de un disparo luego de llamar a su hermano para decirle que quería asesinarla.

“Cada vez que asesinan a una mujer, revivo en mi corazón lo que le hicieron a mi hija”, dijo Sonia.

La familia de Suliani planea publicar todos sus poemas en un libro; también han hablado sobre la posibilidad de crear una fundación en su honor para ayudar a las víctimas que intentan salir de relaciones abusivas. Los hijos de Suliani, ahora de 12 y 15 años, viven con la familia de su padre. “Tengo que enseñarles a mis nietos que eso no es amor”, dijo Sonia. “A mi nieta, yo tengo que enseñarle que, si algo pasa, tiene que buscar ayuda y denunciarlo”. Pero esta lucha ha viene con un gran costo. 

“Voy a cargar con este dolor”, dijo, “por el resto de mi vida”.